Apagando falsos rumores

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Fotografía: Miguel Ángel Maneiro

Pasados unos días del incendio que azotó a Doñana, cabe preguntarnos qué hemos aprendido. El fuego es como una apisonadora que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Un monstruo que se despierta y nos ataca en cualquier lugar, ya sea en la marisma o en la sierra, en Huelva o Almería. Pero en la destrucción hemos hallado la esperanza, la ilusión expresada en miles de manos que se prestan para superarlo y recuperar nuestro patrimonio natural. Este espíritu de Doñana es el que debe trascender y hacerse extensivo a todos los territorios, porque cuando se quema el bosque, ya sea en Doñana o en cualquier otro lugar, se quema un poco de nosotros mismos.

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Los primeros signos de la regeneración tras el devastador incendio. Fotografía: Miguel Ángel Maneiro

Pero en medio del marasmo de informaciones sobre la situación actual de Doñana y su futuro, ha corrido el rumor, en algunos círculos, de que se podrían recalificar parte de los terrenos afectados para dedicarlos a otras actividades distintas a las que están destinados. Esto es falso. Es una controversia infundada, especialmente en el caso andaluz, que ha creado una alarma innecesaria.

Hay que decir que tanto la legislación nacional como las normas regionales y la propia regulación del Espacio Natural de Doñana niegan esta posibilidad. En este sentido, el artículo 50 de la Ley 43/2003, de Montes, obliga a las comunidades autónomas a garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, además de impedir el cambio de uso forestal durante 30 años, al menos. Es cierto que existe un apartado en este artículo que contempla una excepción a la prohibición que se limita a la existencia de “razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley”, pero no en montes catalogados, es decir, no en los de dominio público forestal. En Andalucía, por ejemplo, una parte importante de los montes está incluida en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, y el resto, aunque son de carácter patrimonial, gozan del mismo régimen jurídico en virtud del artículo 25 de la Ley 2/1992, forestal de Andalucía.

Por otro lado, la norma andaluza de prevención y lucha contra los incendios forestales (Ley 5/1999, de 29 de junio) prohíbe que pueda realizarse el cambio de uso forestal de las superficies afectadas a ningún otro, ya sea agrícola, urbanístico, industrial… Asimismo, especifica la obligación de los propietarios de realizar la restauración de los terrenos e impone limitaciones de uso y aprovechamiento, tales como el pastoreo, que queda vetado al menos por cinco años, o la enajenación de productos forestales sin la autorización de la Administración.

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En esta misma línea, el ámbito de Doñana posee, desde 2003, un plan de ordenación propio (POTAD) que regula los usos en el espacio natural. En él se establece que el área, tanto del parque nacional como del parque natural, tienen la consideración de suelo no urbanizable. En particular, la normativa del espacio natural (PORN Y PRUG) impide la transformación del uso forestal para la implantación de nuevos usos agrícolas. La construcción de edificios de nueva planta, ya sea de carácter temporal o permanente, y de nuevos caminos o pistas para el tránsito de vehículos que no esté justificado por motivos de gestión o conservación está muy limitada, de la misma forma que lo están los aprovechamientos de los recursos: recolección de la piña, siega de la castañuela, caza, apicultura…

Así pues, debemos tener mucho cuidado con la desinformación y el rumor infundado. Como hemos visto, en Andalucía, y no solo en Doñana, está prohibido taxativamente el cambio de uso de terrenos forestales tras un incendio, es más, la ley obliga a su restauración. Las normas blindan la calificación jurídica de los terrenos afectados por el fuego precisamente para evitar eso, que determinados intereses vean en los incendios un instrumento para forzar la situación legal en su propio beneficio. De forma que el siguiente paso es trabajar para recuperar nuestro patrimonio. Justamente es lo que se hizo en Quesada o Grazalema, por poner un par de ejemplos, y es lo que se hará en Doñana, en Alanís, en Riotinto y en cualquier otro monte público que sufra un incendio.

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